Se trata de hacernos comprar más de lo que necesitamos creando productos que duran menos. Esta práctica se llama obsolescencia planificada y es la programación del fin de la vida útil de un producto o servicio durante su fase de diseño. Los diputados franceses han aprobado en la Asamblea que establecer una duración determinada de un producto por un fabricante, se puede castigar penalmente, con una pena de prisión de dos años y una multa de hasta 300.000 euros que se añadiría a otras que ya están en la Ley de Consumo.
La introducción del castigo penal para una práctica de la cual se abusa en muchos procesos productivos como puede ser la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos, bombillas y otros, se debe a una enmienda de los Verdes en el proyecto de ley de la transición energética que considera la obsolescencia planificada o programada como un engaño y un fraude. Los Verdes son el grupo político que más ha combatido esta práctica por considerarla muy dañina para el medioambiente y la sostenibilidad.
El Comité Económico y Social de la UE exige su prohibición en toda Europa. La posición francesa trae el debate a toda la Unión Europea. El próximo 17 de octubre, el Comité Social y Económico Europeo (EESC, por sus siglas en inglés) organiza una mesa redonda sobre la obsolescencia planificada de la que se espera surja la presión necesaria sobre la Comisión Europea para que se castigue esta práctica. El FESC ya propuso la prohibición total en un pleno en octubre del año pasado.
Es el inicio del endeudamiento y del “pague en cómodos plazos”
¿Cómo es posible que en 1911 los fabricantes aseguraran 2.500 horas de vida a una bombilla y un siglo después duren menos de la mitad? La respuesta es que en 1924, un cártel que agrupaba a los principales fabricantes de bombillas de Europa y Estados Unidos (Cartel Phoebus) pactó limitar la vida útil de las bombillas eléctricas a 1000 horas.
Otro de los impulsores de práctica fue Bernard London que en 1932 proponía terminar con la Gran Depresión lucrándose a costa de la sociedad a través de la obsolescencia planificada y para ello ideó la obligatoriedad de fabricar productos cuya vida útil estuviera limitada y así “reactivar” el consumo. London desarrolló este concepto en su libro “The New Prosperity”
Así nace la idea de un consumo desmesurado. ¿Cómo? Poco menos que obligando a las personas a comprar nuevos productos para sustituir a los antiguos, en ocasiones pese a su voluntad y siempre sin que exista una autentica necesidad. Y para evitar que ese consumo forzado tuviera interrupción, se facilitó el endeudamiento para que se pudieran pagar esos bienes “en cómodos plazos”. Una maniobra perfecta para mantener consumiendo permanente a la mayoría de la población.
Son muchas las voces que se han alzado en contra de esta práctica industrial. Por citar dos ejemplos, Cósima Dannoritzer con el documental “Comprar, tirar, comprar”, rodado en España, Francia, Ghana y Estados Unidos que ganó el Premio de la Academia de Televisión 2011, o Benito Muros, economista y creador del movimiento Sin Obsolescencia Programada.
Esta práctica inmoral y éticamente reprobable, lleva 90 años de vigencia y nos afecta a todos, a la población mundial entera. La nueva economía colaborativa es de bienes duraderos, no perecederos y es la salida a esta injusta situación.
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